Con sesenta firmas se insiste en juicio político contra Gustavo Jalkh

QUITO, Pichincha.- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tendrá que verificar si cumple o no los requisitos una segunda solicitud de juicio político planteada en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y los vocales de dicho organismo.

Ayer los asambleístas Esteban Bernal (CREO-Movimiento Podemos) y Raúl Tello (Movimiento Unidos por Pastaza), con el apoyo de 60 firmas presentaron un nuevo pedido de interpelación; pues el primero fue archivado por el CAL, en septiembre del año pasado, por no cumplir con el anuncio de la totalidad de la prueba.

En este segundo intento por enjuiciar políticamente a Jalkh, según Bernal, a más de las cuarenta pruebas que se presentó en el 2017, se agregan cuatro que confirmarían el incumplimiento de funciones y una “injerencia directa en la independencia del sistema judicial, esto durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa”.

Las pruebas adicionales, añadió, son devastadoras en contra del Consejo de la Judicatura y tienen relación con el informe de la Contraloría que determina que una “metida de mano en la justicia”, donde se afirma que el Consejo de la Judicatura había determinado nombramientos a agentes fiscales, que habrían obtenido puntajes menores, en detrimento de aquellos ciudadanos con puntajes superiores.

Como prueba también se suma la denuncia que presentó la Fiscalía General del Estado en contra de Jalkh, por presunto tráfico de influencias; además el expediente que entregó la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con respecto a irregularidades en el nombramiento de fiscales provinciales, entre los que está la actual fiscal general subrogante (s), Thania Moreno, que habría obtenido un puntaje inferior a otros concursantes.

Otra de las pruebas es un caso de aplicación inexcusable errónea en contra de un funcionario administrativo en la provincia de Imbabura, cuando la ley determina que sea contra jueces, notarios y fiscales.

Las sesenta firmas de apoyo provienen del PSC, CREO, SUMA, BIN y cuatro legisladores de AP: Jorge Yunda, Alberto Zambrano, Yofre Poma y Marcia Arregui.

La asambleísta Cristina Reyes (PSC) confirmó ayer que el 9 de abril pasado la Fiscalía abrió una investigación previa por peculado en contra del expresidente Rafael Correa y otros exfuncionarios públicos, por su participación en la contratación de deuda pública entre el 2012 y mayo del 2017. “Esperamos que sea una investigación rápida y seria”, dijo y aclaró que su pedido es independiente al proceso de juicio político al fiscal Carlos Baca. (I)

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